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Las sanciones en Santander se pueden originar por los más diversos motivos que impliquen la comisión de una infracción.
En todo caso, si hemos sido objeto de una sanción, se debe tener presente que la misma no puede ser arbitraria, sino que debe estar debidamente fundamentada en una ley y un procedimiento. En todo caso, si ha sido objeto de alguna sanción no dude en contactarnos. En BBMabogados contamos con los mejores especialistas en derecho administrativo, quienes con gusto evaluarán su situación y le recomendarán la mejor solución.
Se trata de obligaciones que impone el estado en contra de los particulares, a objeto de corregir o castigar una conducta contraria al derecho, situación que se denomina infracción. Estas obligaciones usualmente tienen un contenido pecuniario y pueden implicar además realizar otras actuaciones.
Por su parte, las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves, en virtud de la infracción que se ha cometido.
Asimismo, hay que tener presente que las sanciones administrativas son completamente autónomas del área penal, por lo que, si bien un hecho cometido puede acarrear una sanción por parte de la Administración, también puede ser investigada por el Ministerio Fiscal y acarrear una consecuencia penal. En todo caso, las sanciones administrativas se diferencian de las situaciones penales en el aspecto de que las sanciones nunca podrán implicar la privación de la libertad de la persona.
Como ya hemos mencionado, las sanciones se originan para castigar una infracción y pueden tener los orígenes más variados y ser de diferentes tipos, por lo que señalaremos las más emblemáticas, clasificadas en función del órgano en donde se origina la infracción:
Son las clásicas o más comunes y pueden comprender casi cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, desde los temas de urbanismo hasta las relaciones con los vecinos. En estos casos, las sanciones buscan establecer una medida coercitiva contra aquel que ha violado o trasgredido las normas de convivencia, higiene u ornato.
Entre estas podemos mencionar las sanciones por ruidos molestos y también aquellas por no cumplir con las normas sobre cuidado del patrimonio histórico. De igual manera, resaltan aquellas que castigan las infracciones a obligaciones relacionadas con temas de ciudadanía, como lo es el entrar de forma lícita al territorio español.
A su vez, estas sanciones pueden ser de las más variadas, destacando entre ellas las que se originan por infracciones en materia de:
– Importaciones y aduanas.
– Cumplimiento de normativa sanitaria.
– Estado, permanencia y ciudadanía.
Entre muchas otras.
Se originan cuando se incumple alguna obligación fiscal. Las mismas pueden ser establecidas por Hacienda, pero también por las Agencias Tributarias de cada Comunidad. En todo caso, éstas pueden ser de contenido pecuniario (pagar alguna multa), pero también pueden ser mucho más severas e implicar el cierre temporal del local comercial.
Son las más comunes y se originan de manos de las autoridades de tráfico o seguridad ciudadana, hacia aquel que ha cometido una infracción en contra de las normas de tránsito.
Las mismas pueden ser de contenido pecuniario (multa de tránsito), pero también pueden acarrear la suspensión del permiso de conducir, entre otras medidas.
Para el cálculo de la misma, el organismo sancionador debe elaborar una proporción entre la conducta o intención que ha tenido el sancionable, los hechos ocurridos y los resultados que se hayan evidenciado.
Es decir, la Administración debe ponderar como ocurrió cada circunstancia, tomando como punto de partida el nivel de infracción generada. Luego se determinará el grado de intención que tuvo la persona para cometer esa infracción y, por último, que consecuencias se pudieron causar. Es decir, no hay un baremo preestablecido para establecer el monto de una sanción, sino que para establecer la misma concurren una serie de elementos.
Cuando la Administración no respeta esta proporcionalidad al fijar la multa, entonces la misma puede hacerse nula. En todo caso, no dude en contactarnos para evaluar su situación y tipo de sanción de la cual haya sido objeto.
El procedimiento para que se genere una sanción no es sencillo y consta de una serie de requisitos legales. Los mismos han sido establecidos precisamente para que la Administración, como órgano sancionatorio, no establezca obligaciones o coerciones a los particulares de forma discrecional o sin fundamento alguno.
En todo caso, siempre se deben respetar las reglas del debido proceso, como el derecho a ser oído, a presentar pruebas y a que sean aplicadas las normas vigentes para el momento de los hechos, entre muchas otras garantías. Ahora bien, es usual que algunos de estos elementos no se cumplan durante el proceso, lo cual podría viciarlo de nulidad y dejar sin efecto la sanción.
Conocer estas reglas del proceso en sede administrativa no es tarea sencilla, pero ¡no hay de qué preocuparse! Con la debida asesoría de nuestro equipo de letrados, de seguro podremos analizar el proceso seguido en su contra, en curso o finalizado, para determinar su validez y ejercer los recursos correspondientes, bien dentro del propio órgano sancionador, bien ante los órganos jurisdiccionales.
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