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Estar inmersos en una situación penal puede generar muchas preocupaciones, toda vez que puede quedar en riesgo nuestra libertad. En este sentido, es de recordar que el derecho penal es aquella rama jurídica a la que deberemos hacer frente cuando estamos ante un hecho ilícito o generamos algún daño a otro por nuestra negligencia.
Si esta es su situación, no dude en contactar con nuestro equipo de profesionales de forma inmediata, pues cuando se está ante una situación penal, la defensa inicial es la parte más importante y para la misma es necesario contar con la debida representación técnica, que sólo puede ser ejercida por aquellos abogados conocedores de la materia.
Lo primero a destacar, es que se trata de una rama del derecho público, la cual relaciona la ejecución de una conducta (a la que llamamos delito), con las penas y las medidas de seguridad como consecuencias jurídicas, es decir, se derivan de la comisión del delito.
En otras palabras, determinadas acciones u omisiones son señaladas como delitos por el legislador. De materializarse éstas, traerán como consecuencia la aplicación de una pena a través de determinadas medidas de seguridad, también señaladas por la ley.
El derecho penal tiene la finalidad de proteger bienes jurídicos relevantes para una determinada población. Estos bienes jurídicos pueden ser la vida, la integridad física, la propiedad, sólo por dar algunos ejemplos.
Para ello, el Estado es el titular de la potestad punitiva (derecho a penar o a castigar), esto se traduce en que es él quien establece qué conductas son delictivas y tiene la capacidad de aplicar las penas dispuestas para sancionar. Como contraparte a este poder, estas conductas siempre deben estar previstas en leyes formales y se han dispuestos de diversos procedimientos destinados, a que el Estado no abuse de su potestad.
Se trata de las situaciones en las que está involucrado el daño o apropiación de la propiedad ajena. Es necesario destacar que podemos quedar relacionados con este tipo de situaciones incluso por actuar de forma negligente al conducir y provocar un daño en otro. Usualmente este tipo de situaciones puede resolverse con un acuerdo económico entre las partes, aunque dependerá de la gravedad del hecho.
Este tipo de delitos son más comunes de lo que pudiéramos imaginar, incluso podemos ser víctimas de las muchas modalidades existentes para cometerlos.
Por otro lado, existen muchas zonas grises en las que cualquiera podría terminar siendo acusado de algunos de estos delitos, veamos los más comunes:
El delito de hurto, se configura cuando se sustrae algún bien ajeno contra la voluntad del dueño. Para que se pueda catalogar como hurto, la sustracción debe realizarse con ánimo de lucro y además sin mediar el uso de la fuerza sobre las cosas ni intimidación, fuerza o violencia hacia las personas.
Según la gravedad del delito, pueden darse varios tipos y con ellos distintas penas. De esta manera, si requiere denunciar un hurto o está siendo acusado de cometerlo, la asesoría de los especialistas le ayudará a obtener los mejores resultados.
Otro delito bastante común, es la apropiación indebida el cual consiste en adueñarse de una cosa que ha sido confiada, con la obligación de devolverla. Lo cual causa un perjuicio patrimonial al propietario legítimo. El bien objeto de apropiación puede consistir en dinero, efectos, bien mueble o activo patrimonial.
En este delito, el bien jurídico que se busca proteger es el patrimonio de la persona afectada.
Este delito suele ser confundido con el hurto, porque ciertamente encuentra algunas similitudes con aquel. No obstante, es castigado con más severidad precisamente por ser más gravoso. Así, en el delito de robo también se configura la sustracción de un bien ajeno contra la voluntad del propietario, la gran diferencia radica en que se emplea fuerza en las cosas o violencia en las personas.
Nuestro grupo de abogados penalistas le brindarán toda la asesoría que al respecto necesite, dándole a conocer todas las opciones disponibles para su caso.
Este delito patrimonial, se configura cuando, mediante engaños y con ánimo de lucro, se induce a la víctima a un error. De esta manera, la víctima lleva a cabo de forma voluntaria un acto en el que dispone de algún bien en detrimento o desmejora de su patrimonio o el de otra persona.
Un abogado penalista experimentado, identificará la coexistencia de estos elementos, para lograr una condena o para conseguir una buena defensa.
España posee uno de los índices más altos de violencia de hombres hacia mujeres de toda la UE. Por su parte, Santander no escapa de estas estadísticas. Es de destacar que este tipo de violencia se da como una manifestación de la desigualdad y por la existencia de alguna relación de poder del hombre sobre la mujer.
Se ven incluida aquí además de la violencia física, la violencia psicológica, amenazas, agravio a la libertad sexual, entre otros tipos de violencia. Se consideran víctimas de este delito, a las mujeres y a sus hijos menores de edad. Así, si está involucrado o está siendo acusado de haber generado algún daño a una mujer, no dude en contactarnos para evaluar su situación.
Conducir sin respetar las normas mínimas de tránsito puede generar consecuencia, pero si además se producen daños a terceros por encontrarse bajo los efectos del licor u otras sustancias, la situación se agrava. En tal caso, puede quedar sujeto al test de alcoholemia, el cual suele presentar fallas y falsos positivos.
Ante esta situación, nuestros profesionales están altamente calificados para afrontar su representación ante cualquier tipo de juicio o acusación de esta naturaleza.
No importa si se es la víctima o el presunto responsable, la representación legal siempre será necesaria en estos casos, bien para ejercer la mejor defensa del investigado, bien para solicitar una indemnización ante los daños ocurridos.
En todo caso, los letrados de nuestro bufete están dispuestos a prestarle su mejor asesoría.
Todos podemos sufrir un accidente de tráfico, pero cuando el mismo es producto de alguna conducta imprudente, podremos ser acusados de algún delito. En este sentido, siempre es útil conocer cuándo esto podría ser posible.
Como dicta el sentido común, toda velocidad mayor a la establecida en la normativa vial trae consigo un riesgo a la seguridad. De producirse un accidente donde se demuestre que la causa fue por la conducción a exceso de velocidad, podríamos estar enfrentando una pena entre los tres y seis meses de prisión, con los correspondientes agravantes de existir alguna otra conducta irresponsable.
En estos casos, el conductor se convierte en un agente peligroso para su seguridad y la de quienes le rodean. Para determinar los niveles de alcohol se deberá someter a una prueba y, de negarse a ella, también esta tipificado como un delito.
Este delito se encuentra en auge en nuestro territorio, por lo que si se encuentra en esta situación o está siendo víctima de una falsa acusación, contáctenos para conocer los detalles de su caso y elaborar la mejor defensa posible.
Cuando no es posible resolver las problemáticas o diatribas entre trabajador y empresa de forma directa, siempre será posible acudir a los órganos de mediación para obtener algún pronunciamiento que sea obligatorio entre las partes.
De igual manera, siempre será posible intentar el correspondiente juicio laboral cuando no exista acuerdo o convenimiento posible entre las partes. En este sentido, nuestro equipo de profesionales está altamente capacitado para defender en todas las instancias jurisdiccionales los derechos de sus representados.
Si ya se encuentra afrontando un juicio penal, no es tarde para buscar la mejor representación. En todo caso, recuerde que en esta fase no se trata de contar con un buen letrado, sino con un verdadero especialista en litigios, como lo son nuestros profesionales.
La finalidad del proceso penal es determinar si algunas acciones u omisiones, constituyen o no delitos y si los mismos fueron realizado por quienes son acusados. En caso de serlo, se procede a la condena; caso contrario se absuelve a los acusados a través de un juicio oral.
El proceso ordinario, se divide en una fase de instrucción o sumario, destinada a la investigación de los hechos conducida por un Juez de Instrucción y una segunda fase, de juicio oral ante el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial, salvo algunas excepciones. También, debe distinguirse una fase intermedia, en la cual se valora la conclusión del sumario y si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral.
En todo caso, el juez penal es quien debe analizar cada uno de los hechos que le son presentados por el Ministerio Fiscal. También evaluar las pruebas y defensas presentadas por el encausado, para finalmente tomar una decisión, que será conocida como sentencia y delimitará de forma precisa el tipo de condena que recibirá la persona, la cual puede ir desde lo simplemente pecuniario, hasta una privativa de libertad por un tiempo determinado.
El derecho penal es parte del derecho público, lo cual significa que el Estado se encuentra involucrado en la resolución de la situación, ya que eventualmente puede tratarse de una violación del orden público. En este sentido, el Ministerio Fiscal es el llamado a iniciar las investigaciones ante la ocurrencia de un hecho ilícito, para luego presentar la acusación frente a los tribunales, quienes en definitiva serán los que determinen si existe culpabilidad o no del investigado.
En este sentido, los abogados especializados en esta materia están en la obligación de saber recabar y valorar los hechos relacionados con la causa. Sólo así, serán capaces de diseñar una adecuada estrategia de defensa.
Por su parte, la principal característica del derecho penal en Santander es que se procura establecer el grado de culpabilidad con la que pudo actuar una persona. Así, cada día se va dejando más de lado la responsabilidad objetiva para establecer un mayor peso en el grado de voluntad que pudo tener un individuo al cometer o estar involucrado en un crimen.
De igual manera, es de destacar que el toque distintivo que diferencia al derecho penal, es que en el mismo se debate la libertad de la persona, como condena máxima a ser impuesta. Al respecto, existe un número de situaciones ilícitas que son recogidas o tipificadas por la Ley, las cuales son conocidas como delitos o hechos ilícitos que, en caso de verificarse, generan consecuencias sobre el responsable.
En este orden de ideas, cada hecho ilícito cuenta con una pena que se establece en función de años y que se va atenuando o agravando según la forma en cómo ocurrieron los hechos, así como por la conducta y eventuales antecedentes del perpetrador. De igual manera, se pueden establecer penas pecuniarias en contra del responsable.